El Plan General de Inspección, que se desarrolla desde 1998, tiene como objetivo garantizar los derechos de los usuarios y el cumplimiento de la normativa. Además de los controles en centros públicos, privados y concertados, esta iniciativa incluye entrevistas con sus usuarios como medida de protección para determinar,entre otros aspectos la voluntariedad de su estancia y el grado de satisfacción con los servicios recibidos. A través del plan, la Junta tambien presta asesoramiento a las entidades titulares e impulsa la mejora de la capacidad asitencial a través del fomento de actividades.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social realizó el pasado año un total de 2.270 inspecciones para controlar las condiciones de los servicios sociales. Mas de la mitad, 1.317, se desarrollaron en centros y entidades de atención a las personas mayores.El resto correspondió principalmente a centros para personas con discapacidad ( 278); servicios sociales comunitarios (265) y protección de menores (210). Esta actividad inspectora dio lugar a la apertura de un total de 40 expedientes sancionadores, que motivaron el cierre de 17 centros, el 83% de ellos residencias de mayores.

Desde que en 1998 se puso en marcha el plan, la Administracción autonómica ha realizado un total de 8.158 inspecciones, que originaron con la apertura de 179 expedientes sancionadores y el cierre de 58 centros.