El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto que regula la protección jurídica de los mayores de 65 años y compromete a la Junta a garantizar sus derechos dentro de la actual oferta asistencial y ante situaciones como el maltrato o el expolio de sus bienes por familiares o terceros. Se trata de una norma pionera en España, que desarrolla la Ley de Atención y Protección de las Personas Mayores en Andalucía, según destacó en conferencia de prensa el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña.

El decreto supone elevar al rango de derechos numerosas iniciativas que la Junta viene desarrollando en ámbitos como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o la asistencia jurídica gratuita, al tiempo que introduce novedades en temas como el maltrato, la expoliación patrimonial o las condiciones de ingreso en centros residenciales. En este último punto se determina que ninguna persona mayor podrá ser internada en un centro residencial en contra de su voluntad.
En caso de maltrato o desasistencia, las delegaciones provinciales de Asuntos Sociales y las entidades locales estarán obligadas a investigar las circunstancias que motivan esta situación y a determinar, previo consentimiento de los interesados, las prestaciones que deben asignar al afectado, dando prioridad a las fórmulas de teleasistencia, ayuda a domicilio y asistencia domiciliaria especializada.
El consejero reveló que desde que se puso en funcionamiento el Teléfono del Maltrato hace dos años se han producido 1.640 llamadas, de las que se han tramitado 284 denuncias, aunque recalcó que esta cifra no es significativa, ya que el maltrato se produce básicamente en el ámbito privado y no trasciende.
De acuerdo con el decreto, la concesión de estos servicios se realizará en un plazo máximo de diez días y sólo cuando no sea posible la permanencia en el hogar se propondrá el ingreso en un centro residencial.
Respecto a los episodios de expoliación patrimonial de personas mayores por parte de sus familiares o terceros, el decreto obliga a una atención preferente de estos casos por parte de un abogado, en un plazo máximo de siete días y a través del servicio de orientación jurídica gratuita implantado por la Junta.
En esta misma línea, la Administración acordará con los Colegios Notariales de Andalucía medidas para utilizar un lenguaje comprensible en la atención a los mayores, especialmente cuando se trate de consultas relativas a pérdida de la propiedad, establecimiento de cargas o atribución a terceros de facultades de disposición de bienes.
Además, con independencia del examen de las instalaciones de los centros residenciales, la inspección de los Servicios Sociales desarrollará una intervención directa con las personas mayores sin la presencia de familiares ni responsables de estos centros, para comprobar el trato dispensado por los trabajadores, así como el grado de satisfacción con los servicios recibidos.
En materia de consumo, la Consejería de Asuntos Sociales firmará convenios con las organizaciones empresariales para que la oferta de bienes y servicios específicamente dirigidos a este colectivo exprese con claridad el contenido de la misma.
Actualmente viven en Andalucía 1.050.000 personas mayores de 65 años, de las que alrededor de 600.000 se benefician de oferta asistencial y de las bonificaciones de la tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, mientras que 21.000 reciben teleasistencia por parte de la Junta y 17.000 tienen acceso al mismo servicio a través de los ayuntamientos.
El número de residencias en Andalucía se eleva a 898, lo que supone un incremento del 56 por ciento a lo largo de la legislatura, según Pérez Saldaña, quien destacó que un 44 por ciento de los mismos forman parte de la iniciativa pública o concertada y que la ratio en la comunidad andaluza es de 3,4 plazas por cada cien personas mayores, frente a las 2,9 de media española.