Estas cifras fueron confirmadas esta semana por la secretaria general de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, durante su intervención en el seminario ‘España: los retos de una sociedad envejecida’, organizado por la Fundación Pfizer.

A principios del siglo pasado, el número de españoles mayores de 65 años ascendía a 967.000 personas, mientras que en la actualidad esta cifra supera ya los seis millones y medio de personas. “Esta progresión del envejecimiento, acelerada en las últimas décadas del siglo XX, va a continuar en el siglo XXI”, aseguró la secretaria de Asuntos Sociales. De igual modo, el número de octogenarios españoles ha pasado de 115.000 en el comienzo del pasado siglo a 1,5 millones en la actualidad.

Respecto a su perfil, según la secretaria de estado los mayores españoles son mayoritariamente urbanos (viven en municipios de más de 10.000 habitantes), el 85 por ciento tiene una vivienda en propiedad y suelen vivir en familia. No obstante, entre un 14 y un 16 por ciento de las personas mayores viven solos, más de un millón de personas, y más mujeres que hombres. Asimismo, señaló que el 5 por ciento de los mayores son cuidadores de niños y adultos, 340.000 mayores cuidan niños y 380.000 a otros adultos, y uno de cada cuatro dedica a esta tarea 60 o más horas semanales.

LUCHAR CONTRA LA DEPENDENCIA

Dentro del trabajo específico de este área, uno de los aspectos a resolver es la atención de la dependencia a estas personas, que actualmente se ha venido realizando de manera informal, principalmente por la familia y, dentro de ella, de las esposas y las hijas. En cualquier caso, Dancausa advirtió que se está produciendo una quiebra de los sistemas de apoyo informal debido a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la variedad de modelos familiares, el incremento de la esperanza de vida y la movilidad geográfica de los miembros familiares.

Por ello, insistió en la necesidad de consolidar una atención socio-sanitaria de la dependencia desde el sector público que dé una respuesta a las diferentes situaciones de dependencia, con la integración de esfuerzos y coordinación de servicios, a través de una diversificación de las fuentes de financiación.

También reconoció que España está ante una oferta de servicios sociales diferente en calidad y cantidad en función de cada Comunidad Autónoma. Como consecuencia, señaló que la atención a la dependencia debe articularse con el consenso de las administraciones central, autonómica y local, en el que el papel del Estado es “garantizar la igualdad de acceso a los servicios”.

II ASAMBLEA MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

Un buen momento para acercar este tema a la sociedad y pedir que estas propuestas del sector público se hagan realidad será el mes de abril del próximo año, en el que está previsto que se celebre en Madrid la II Asamblea Mundial de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento y un Foro paralelo de ONG que trabajan en este ámbito.

El comité internacional organizador espera que participen en el Foro 3.000 representantes de unas 300 ONG y otros organismos de carácter no gubernamental, en el que se debatirá sobre políticas globales sobre el envejecimiento, los derechos sociales de los ancianos y los distintos aspectos vinculados al desarrollo económico y su impacto en las personas mayores. La prioridad del encuentro será presentar un Documento Final al pleno de la Asamblea Mundial que resuma los puntos de vista de las organizaciones que acudan a Madrid.

Esta Asamblea se presenta como un importante reto para afrontar nuevas políticas por parte de los gobiernos que mejoren la calidad de vida de estas personas y se respeten sus derechos.